Pues bien,  noticia de primera plana ha sido el auto de la jueza Alaya - difundido por el PP durante dicha toma de posesión-  haciendo saber  a Chaves, Griñán y cinco de sus antiguos Consejeros, la posibilidad de personarse en la causa y ejercer la novedosa vía judicial de la autoinculpación. Sin perjuicio de anotar la coincidencia reiterada de las actuaciones judiciales con eventos políticos de la J A, podría pensarse que, fundamentalmente,  ha sido una generosa dádiva al partido popular para desviar la atención de  sus propias cuitas. Sainz de Santamaría inmediata y gozosamente puntualizó que el discurso del PSOE sobre la corrupción había caído con el auto que nos ocupa.

Ayala ha ejercido de benévolo Plutarco, ofreciendo al personal  la biografía de la decadente sociedad romana  reencarnada en la cúpula del partido socialista, para que descanse y se olvide de la tragedia griega que representa el empecinamiento del partido popular ante la corrupción que le envuelve. Esto es, los ERE, frente a los Gurtell y Bárcenas, dos sagas merecedoras de biografías paralelas entre próceres romanos y griegos de nuestros días, tal como hiciera el insigne Plutarco. Bien es cierto que éste tenía por objetivo extraer, en cada caso, el carácter  moral  del personaje, antes que la narración de los acontecimientos políticos de la época;  mientras que el auto que nos ocupa se reduce al tratamiento exhaustivo de las inmundicias de las hueste romanas de la Bética, con el propósito -ya confesado en el antecedente auto inculpatorio de Magdalena Álvarez-  de dar el  salto definitivo  (“ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas”). Como ya escribí en mi anterior artículo sobre el  tema (8.7.13) “después de dos años y medio investigando a chorizos implicados en comisiones abusivas, “intrusos” y ayudas discrecionales a empresas del entorno socialista, quiere llegar al corazón de la gestión política del asunto”. Lo que no me explico es por qué no se hizo la novedosa invitación a la propia imputación en aquel entonces. Ha de suponerse que la jueza habrá oído alguna declaración complementaria del Sr. Guerrero o descubierto nuevos indicios o documentos aun no aportados, por cuanto  que,  como nos decía el biógrafo de la antigüedad “un lance fútil, una palabra, algún juego…aclara más las cosas sobre las disposiciones naturales de los hombres que las grandes batallas ganadas, donde pueden haber caído diez mil soldados”.  Finura jurídica,  más que intuición, se llama esta nueva inventiva judicial.

En todo caso, el paralelismo se quiebra a veces. Baste pensar en las precipitadas declaraciones de los Srs. Chaves y Griñán  que se apresuran a comparecer en rueda de prensa para  discrepar del razonado auto de la jueza   y todo ello sin plasma televisivo de por  medio y previa asistencia en la Comisión parlamentaria ad hoc. Quizá sería procedente, asimismo, afear a los dioses romanos el haber tardado tanto en remitir a la jueza las actas de la totalidad de los Consejos de la Junta,  cuando hubiera sido más correcto destruir los discos duros de las propias actas  y todas las anotaciones de secretarios, amanuenses y demás copistas de la atrasada Andalucía.  Es una pena, por último, constatar que los dineros de los eres se detrajeron de fines benéficos de Andalucía (los parados y los pensionistas) mientras que el paralelo latrocinio de los gurtell y los bárcenas todavía no sabemos  -aunque lo sospechamos- . de qué bolsillos han salido y a cuales han ido.

Voy a dejar de macerar  la benévola atención de mis lectores, sin incidir en la bondad o la confusión e improcedencia jurídica del llamado “auto bomba” de una jurídica adicta a la cronología política (el porqué la juez Alaya imputa a Griñán y Chaves en una fórmula inédita para el derecho procesal conocido);  ni valorar las alegaciones de indefensión (M. Álvarez),  la irrelevancia del auto (Griñán), o el desamparo al convertirlo en simple sospechoso (Chaves) ; ni  tan siquiera en el llamativo recurso interpuesto contra el auto por  la Fiscalía Anticorrupción, apoyado por el  fiscal general del Estado  dada la  "falta de concreción y motivación en algunos extremos".

Nada de ello me interesa. Lo que si quisiera poner de relieve –y con ello termino mi reflexión- es que  la fiesta ha comenzado. Si Alaya sostiene que los siete niños de Écija  tienen "cierta carga incriminatoria" en la causa que investiga, pero no detalla cuál. Si, pese a ello, no les imputa –entre otras razones, porque no puede- habría que preguntarse  cuál es la finalidad de la comparecencia a que han sido invitados, toda vez que no saben de que defenderse. Indicios penales podría haberlos –incluso algún gallego diría “haberlos hailos”-  pero si Alaya tiene el menor indicio penal sobre cualquier aforado, debe elevar la causa al juez superior correspondiente.

Y, toda vez que no lo ha hecho, vamos camino de romper  las vidas paralelas. O como dice la propia Alaya, es hora de que vayamos “entrando de lleno en la vertiente política de los hechos”. Que no es, precisamente, la vertiente donde en este momento se encuentran residenciados.