Y merece la pena implicarnos en el tema porque nos afecta directamente a nosotros, los andaluces, tantas veces menospreciados por tirios y troyanos, habitantes del llamado por trasnochados comentarista mediáticos “patio trasero del felipismo”,  heredero al parecer de  los antiguos caciques que han trenzado “un régimen de clientelismo,  sumisión y silencio”. Los que estamos cogidos, al parecer, en esa “red de dependencia”  o  “ámbitos sometidos”, vasallos  a los que hayan “trufado por mezquinos estereotipos folklóricos”. Pertenecientes a un  “erial  aquietado e inmóvil”, con el temor de perder “un cortijo de regalías” con las que hayan sido favorecidos y en el que, por supuesto  “no se mueve una hoja sin la anuencia de los mayorales”. En este mal calificado “calmo océano de dependencia”, tenemos derecho a un respeto. Pero, entiendo,  hemos de reconocer previamente nuestros propios pecados.

Es, por ello, preciso abordar todas las aristas del citado caso de los ERE, para ser  capaces de domesticar a esa especie de Hidra de Lerna,  el  monstruo acuático de las nueve  o de las cien cabezas que se auto regeneraban al ser cortadas. Serpiente policéfala de letal aliento, que mereció ser muerta por el propio Hércules o Heracles. Curiosamente, con este nombre se conoce una de las ramificaciones del asunto, la que afecta al IFA y a la llamada rama sindicalista. Precisamente, hace poco  se ha iniciado la operación Heracles II, en diversas provincias, entre ellas la de Jaén. Y estos últimos días la prensa se ha ocupado de las comparecencias ante la jueza Alaya del conocido como clan Lanzas -parientes y amigos del tristemente célebre “facilitador”  presunto de nuestra provincia-  imputados por  delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Por el bien de la mayoría, no debería consentirse tanto atropello, exigiendo las correspondientes responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, tanto a los beneficiados por las indebidas prebendas, como a los llamados  intrusos, comisionistas de ocasión (consultores, abogados, sindicatos) y restante cohorte de chorizos implicados en las ayudas discrecionales, incluidas empresas del entorno socialista. Responsabilidades que asimismo deberían exigirse a los urdidores de la trama, a los funcionarios en connivencia y sobre todo a los políticos que presuntamente han participado  en la componenda.

En este escalón final, la jueza Alaya, después de imputar a Magdalena Álvarez,  dictó un auto -difundido el mismo día de la toma de posesión de la nueva Presidenta de la Junta de Andalucía - haciendo saber  a Chaves, Griñán y cinco de sus antiguos Consejeros, la posibilidad de personarse en la causa y ejercer la novedosa vía judicial de la autoinculpación, a la vista de "cierta carga incriminatoria". Como dice la propia Alaya, es hora de que vayamos “entrando de lleno en la vertiente política de los hechos”.   Y, aunque no es, precisamente, la vertiente donde en este momento se encuentran residenciados los hechos, sino que están en el ámbito de las decisiones penales de esta jueza, sí que me parece oportuno –dejando de lado las implicaciones penales y su depuración- poner de relieve que es la vertiente política la que verdaderamente interesa a la ciudadanía. Porque no es de recibo que el partido socialista, parte de cuya cúpula se encuentra en los aledaños de la criminosa utilización del aparato del gobierno andaluz, mantenga en vilo a toda la ciudadanía durante estos años y –lo que es peor- sin vislumbrar una solución acorde con la ética política.

A mi juicio, dejando a salvo la honorabilidad personal de todos los citados,  si alguno de ellos era consentidor –o, al menos, conocedor- de los procelosos hechos, cuando  menos debería presentar su dimisión de cualquier puesto de responsabilidad política. En otro caso, debería ser cesado de inmediato. No es creíble  que nadie barruntase lo que estaba pasando, ni es permitido que nadie sea capaz de controlar los desmanes internos. En todo caso, iguales consecuencias deberían predicarse en el supuesto –que es el que se alega- de que  fuesen ajenos a las maquinaciones fraudulentas perpetradas de espaldas al interés público, porque en puestos de esa responsabilidad no es admisible un descuido tan grosero como sería el no enterarse  -durante más de diez años- de los tejemanejes torticeros de sus subordinados.

Sin deslegitimar la política, se necesita  respetar unos mínimos principios de ética y honestidad para superar la crisis de valores que padecemos, los clientelismos y para erradicar  la corrupción. En definitiva, intentar impulsar un nuevo ciclo político El pueblo está turbado y necesita con urgencia de serenidad y  recuperar la confianza porque, cuando nadie es capaz de hacer autocrítica, la ética se resquebraja.