En política, el observador de la calle casi siempre queda perplejo ante las afirmaciones de los políticos. El estado de las autonomías parece que funciona mejor que el antiguo estado centralista. En eso están todos de acuerdo. Ante ello, el señor Zapatero nos dice que es la hora de emprender la reforma para mejorar la situación, mientras que el señor Rajoy nos indica que, precisamente por ello, no habría que cambiar nada. ¿Quién dice la verdad? Quizá no haya elegido bien el motivo para hacerme esta pregunta, porque pudiéramos estar ante dos perspectivas (jurídico-política, incluso tres, si consideramos la ideológica) de una misma cuestión que admite este juego argumental bivalente. Pero, hay otras cuestiones, ante las que no caben posturas encontradas y que, al mismo tiempo, sean verdaderas. Por ejemplo, sobre el tema del sistema educativo, parece ser, como indican los oponentes de la Loe, que el Gobierno ha actuado sin previa consulta con los interesados; o, como puntualizan miembros de la Conferencia Episcopal, se ha roto el diálogo unilateralmente por el Gobierno, buscando el enfrentamiento con la sociedad.
Pero resulta que la vicepresidenta del Gobierno nos dice que esta postura no es la que se ha seguido, que se ha consultado a todos y que con la Conferencia Episcopal se han tenido las pertinentes consultas, llegándose a un acuerdo en trece de las quince cuestiones planteadas, negándose la autoridad eclesiástica a dar un comunicado conjunto sobre el particular. Y lo mismo para otros temas que no permiten ambigüedades: la libertad de enseñanza, la elección del centro educativo, etcétera. Y, por si la cosa no está bastante confusa, la misma alta representante del Gobierno nos indica que el tema de la financiación de la Iglesia va a revisarse, posiblemente, a la baja. Y el obispo de Málaga dice que esto es una provocación. Y vuelven a plantearse temas sobre si la Iglesia ha incumplido su oferta de autofinanciación, o si es el Estado el que se excede o no llega a cumplir su obligación de financiar a la religión que profesa mayoritariamente el pueblo español, o si los católicos deben o no asumir el sostenimiento material de sus creencias. Pues mire usted, no me salen las cuentas. Ante ello, sí que cabe preguntarse sobre quién expresa la verdad. O el Gobierno o sus oponentes no la dicen, por no indicar que alguno de los dos miente. Ha habido consultas o no las ha habido. Se podrá cursar la asignatura de religión, o no. Se impondrá a todos los alumnos, o no. Los profesores de la asignatura de religión dependen del Estado o de los obispos. Los pagan todos los españoles o solo los católicos. Independientemente de que —creo— el tema está en la calidad de la enseñanza, sobre estas cuestiones pediría que, por favor, no nos confundan.
Y, para colmo, el obispo de Valencia se siente como en una dictadura… ¿bajo palio? En todo caso, me pregunto si Jesús de Nazaret, hoy, se manifestaría junto a los padres católicos, pidiendo que la asignatura de religión fuese evaluable. Él, que nunca discutió un Decreto del César y que sólo se ofuscó para echar del templo a los que querían mercadear a su sombra.