ME resisto a tratar el desconcierto del PP y la forma en que pretenden solucionarlo, los viejos roqueros que han salido por el mutis o los nuevos voceros -incluidos las vacas sagradas- que pretenden deshacerse de Rajoy, anatematizado por los gurús mediáticos. Más que el gallinero pepero, lo que me preocupa en estos momentos es el infierno que se les viene encima a los emigrantes.

La actitud del Gobierno que se llama socialista es lamentable, lacerante y, encima, inconsecuente. Lleva años defendiendo una política de puertas abiertas que causó enormes roces con la oposición -y otros Estados de la CE- a cuenta de la regulación de la insostenible situación de la emigración galopante y clandestina, como contrapeso razonable al 'tenemos un problema y se ha resuelto'. Parece que se había logrado reconducir la situación, bajo una legislación semipermisiva: las situaciones irregulares son infracciones administrativas, los sin papeles pueden ser 'retenidos' como máximo durante cuarenta días y, en el supuesto de que cometan delitos, las penas menores de seis años pueden ser sustituidas por la expulsión.

El panorama, sin embargo, empieza a cambiar. Bien es verdad que buena parte de la sociedad -por cierto, la más conservadora, eternamente gustosa de enarbolar principios morales- siempre ha achacado a los emigrantes, panacea de la inseguridad ciudadana, la comisión de todos los males venidos y por venir. Pero, hete aquí que nos zarandea la desaceleración, la xenofobia reaparece y se nos viene encima un Ministro más cercano y comprensible con las teorías del contrato de adhesión a nuestras costumbres y otras yerbas aromáticas del centrismo. A mayor abundamiento, ya llamamos a la cosa por su nombre de crisis y, aunque ponemos el grito en el cielo (es mucho decir) con las amenazantes leyes del Sr. Berlusconi, aprobamos sin remilgos las nuevas directivas de la Europa emergente de los 27: el período de retención puede alcanzar a los 18 meses, las detenciones emanan de una autoridad administrativa (lacerante paso atrás) sin tope para la revisión judicial y a los menores se les tutelará 'en la medida de lo posible'. Todo ello, se dice, en aras de armonizar las políticas migratorias, pero que pone al descubierto el trato inhumano y retrógrado que la sociedad opulenta pretende aplicar a esos seres raros y molestos que pretenden sentarse a nuestra mesa. No hay que preocuparse, ni siquiera pensar en el viejo mensaje de Juanito Valderrama, la doctrina berlusconi será asumida a corto plazo: toda situación irregular del desplazado será considerada como delito, y, entre otras lindezas, cualquier inmigrante que cometa un delito, con pena superior a dos años, podrá ser expulsado.

Temo que mi posición no se comparta, pero lamento el punto a que hemos llegado: ni la izquierda respeta los derechos humanos ni es capaz de defender los principios cristianos del acogimiento. Vuelvo a recordar las leyes de vagos y maleantes, los certificados de buena conducta y los de adhesión a principios inmutables y me pregunto si será posible encontrar cárceles para todos los peregrinos.

Acaban de pasar los días de la común unión, lo que antiguamente nos enmarcaba en 'un solo Cuerpo y un solo Espíritu' y sólo nos queda esto: la caza del negro y del sudaca. Que venga Dios y lo vea.