Ninguno de nosotros tiene legitimación para erigirse en vigilantes de los demás, ni debería en caso alguno juzgar a los que nos rodean. Es un axioma que es tan viejo como la humanidad, pero también es evidente que nadie se muerde la lengua ante la crítica y siempre es pródigo en ver la paja en el ojo ajeno. Esta actitud, que no es de recibo, no implica que se  pretendan abolir los tribunales, ni que, más allá de este legítimo poder, rechacemos la actitud pasiva ante conductas ajenas, que podría ser el germen de la indiferencia y  la impasibilidad. Poner fin a los juicios mutuos no conduce a la pasividad, sino que es una condición para una actividad y comportamientos justos. Lo que no quiere decir que haya una invitación a cerrar los ojos y dejar que las cosas sigan su curso, porque, si bien es cierto que se nos ha dicho no juzguéis y no seréis juzgados, también lo es que la paz no consiste en replegarse en sí mismo, sino que en ocasiones es necesario reprender, exhortar con toda paciencia y pedagogía, lo que nos lleva a preocuparnos verdaderamente por los demás. En esta tesitura, pienso que hemos de denunciar los privilegios de la impunidad que, por desgracia, encuentran acomodo en el despotismo democrático de las mayorías.

Recientemente he detectados dos ejemplos de esta actitud acomodaticia. Uno -que sólo voy a citar de pasada, aunque no sea tema menor- es la pretensión de crear un nuevo impuesto estatal sobre los depósitos bancarios lo que anularía la tasa regional sobre la banca que ya aplican algunas comunidades, como Canarias, Andalucía y Extremadura. Dejando aparte el uso demagógico que se quiere hacer en esta última con los dineros recibidos y sin entrar en la cuestión competencial ni en aspectos puramente jurídicos, me causa sonrojo ajeno saber que con el desaguisado, que no generará recaudación alguna, se pretende –en fraude de ley y con deslealtad institucional- establecer a los bancos ¡un impuesto del cero por ciento! He aquí un ejemplo del despotismo democrático de la mayoría.

Pero, lo verdaderamente sangrante, el colmo de la impudicia –y perdóneseme el juicio emitido- es el recién concedido segundo indulto a los mossos torturadores, medida de gracia que se aplica discrecionalmente, sin que sea necesario motivarla, y que, para mas INRI, no se ha aplicado en estas mismas fechas a un vigués, ahora desenganchado, condenado a siete años de cárcel por pasar unas papelinas de heroína.

El Consejo de Ministros ha indultado este viernes por segunda vez a cuatro mossos d’esquadra condenados por torturar a un emigrante rumano al que confundieron con un atracador, al que apalearon, amenazaron e incluso introduciéndole una pistola en la boca. En la detención estuvo presente su mujer, que estaba embarazada de tres meses y recibió un trato degradante. Fueron condenados a penas de cárcel pero, en febrero, se les concedió la medida de gracia para evitar que entraran en prisión. La Audiencia de Barcelona ordenó este ingreso y, previa petición de un segundo indulto, éste se ha acordado, lo que supone pagar con 10 euros diarios en lugar de con la prisión. Es la segunda vez que se indulta a policías catalanes, ya que en septiembre del 2011 el gobierno de Zapatero indultó a otros tres por detención ilegal y malos tratos.

Sobre el juicio que nos merece esta medida, me remito a lo expresado por diversas fuentes: este segundo indulto sería una suerte de fraude de ley o abuso de derecho… nada más contrario a los principios de igualdad y justicia que como fundamentos de nuestro sistema jurídico penal deben quedar absolutamente preservados de cualquier comportamiento arbitrario, antojadizo y caprichoso… el Ejecutivo está cuestionando la vía judicial… en un ejercicio de cinismo porque se indulta por segunda vez. Incluso, doscientos jueces se han pronunciado en un manifiesto en el que se pone de relieve que la decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible. Por ello, manifiestan su rechazo y advierten de sus efectos devastadores.  Reducir esas penas, además, parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial, ya que los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana por lo que no existe motivo alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido, lo que supone realizar un uso grosero y desviado de la institución. El documento hace una reflexión específica sobre la tortura y recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado Español por no investigar hechos de esta naturaleza. Ahora se ha dado un paso más y parece difícil explicar este comportamiento. Se da la sensación de que el Estado acaba perdonándose a sí mismo y eso incrementa la desconfianza de los ciudadanos.

Más contundentes no pueden ser los argumentos. Sin embargo, el Gobierno cree irreprochable el ejercicio de esta prerrogativa porque el indulto no es una facultad del poder judicial sino que lo es del poder ejecutivo (R. Gallardón) y lo fundamenta en la separación de poderes (S. de Santamaría). Por su parte, al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, no le ha gustado nada el manifiesto firmado por 200 jueces en contra del indulto, pues no deben "entrar públicamente a criticar actos del Gobierno".

Cabe, pues, preguntarse -ante la propensión en abusar de sus privilegios- si tiene límites la impunidad del poder. Aparte del aberrante doble indulto del que he escrito, hay otras imágenes de impunidad selectiva: piénsese en la gracia concedida al consejero delegado del Banco Santander o cómo, en este último año, se ha indultado a oficiales implicados en el caso del Yak-42 o en otros de corrupción probada, como a los dirigentes de Unió Democrática en el llamado caso Treball y díganme si es posible admitir la existencia de áreas de impunidad  en quienes más obligados están a erradicarlas.

El orden público y la seguridad ciudadana -son puñales los que hieren sus carnes / puñales rotos entre carnes rojas-  ¡qué coartadas tan nefastas y… tan arraigadas!