El año pasado, por estas fechas y en estas mismas páginas, me lamentaba de las iniciales medidas que había adoptado el nuevo Gobierno y temía que nos pasase como a Julio Cesar, que se encaró con el vidente que le alertó de los peligros que le esperaban por los idus de marzo y le decía entre risas que los idus ya habían llegado, a lo que el vidente contestó compasivamente: «Sí, pero aún no han acabado». Creo que no iba muy descaminado y mis temores se reavivaron la otra noche al ver en TV la película de G. Cloony  sobre el tema, que coincidía con la explosiva aparición de Gallardón a cuenta del mundo judicial.

Es sabido cómo, en el calendario de Roma, ciertos momentos clave tenían nombre propio, como las calendas y las nonas. Los idus, por ejemplo, se celebraban los días 13 o 15 de cada mes, de los que destacaba el dedicado al dios de la guerra Marte, que se conocía como "idus de marzo”. Aunque eran jornadas de buenas noticias, sin embargo –como nos contara Plutarco-  los caprichos de la historia hicieron que uno de estos días Julio César  -al desoír la advertencia del oráculo- fuera asesinado por Brutus. Siglos más tarde, el propio Shakespeare haría famosa la frase "¡Cuídate de los idus de marzo!" en la célebre obra en la que recreaba la conspiración. Ahora, cientos de años más tarde, los idus vuelven a estar de moda, de la mano del dramaturgo T. Wilder o de la película de Cloony a la que antes me he referido. En el mes de diciembre -en el que los idus estaban señalados para el día trece- y coincidente con la fecha en la que escribo estos comentarios, voy a hablar del nuevo augur, el Sr. Gallardón,  que en estos días se ha descubierto como gran animador del cotarro judicial y al que bien poco caso hacen los muchos Julio Cesar que deambulan por esos foros pretendiendo impartir justicia.  Tal como entonces, la familia jurídica es consciente que los idus han llegado, pero continúa empecinada en seguir hacia delante, sin darse cuenta de que: «Sí, pero aún no han acabado».

Por mucho que –según el punto de mira- se sientan agraviados corporativamente o sean portadores del malestar general que las reformas del Ministerio de Justicia ha emprendido, no se percatan los interfectos –sí, me refiero a los que han muerto o van a morir de forma violenta-  que, tal y como se está poniendo el paño, la cosa no va a quedar en estas fruslerías de las tasas judiciales, la restructuración judicial, el Registro Civil, los desahucios hipotecarios, incluso en menudencias como la supresión de la paga extraordinaria o la disminución de los días de licencia a los señores jueces. Y no va a quedar en esto, porque como el propio flagelador de la ciudadanía se ha cuidado en decir: “Gobernar es repartir dolor”. ¡Que consuelo tan justiciero! Sobre todo, si después de este necesario dolor –no hay más remedio que actuar así, aunque nos duela, nos vienen repitiendo inmisericordes- nos acontece una muerte dulce. Es –no hay que cansarse en repetirlo- el típico sentimiento trágico de la vida que caracteriza al ser español, tal como nos puso de relieve Unamuno, bajo la influencia, entre otros, de Kierkegaard. Este sentimiento que nos habla del hombre de carne y hueso: "el que nace, sufre y muere -sobre todo muere-“.

Sea como fuere, es la primera vez que alguien es capaz de unir a todos los colectivos relacionados con la justicia, desde los ujieres a los miembros de los altos tribunales, desde los abogados a los procuradores, desde los desahuciados a los simples usuarios del Registro Civil… Y es que, éstos como la sociedad toda, me temo que están cansados de que se legisle a base de Decreto Ley y siempre con los mismos resultados: mantenerla y no enmendarla, pese a los múltiples ofrecimientos de diálogo o justificaciones que por reiteradas y espurias, no se las cree nadie.

Frente a las pretensiones de jueces, fiscales y restante personal judicial, no se puede argüir sibilinamente que responden a intereses legítimos, pero corporativos, sin preguntarse siquiera si, además, pudieran ser medidas justas. Ni entender que la huelga es un derecho constitucional, pero que no es este el momento para ejercerla. Lo peor que nos pudiera pasar sería la indolencia, la apatía que nos dejase indiferentes ante lo que pueda suceder en un futuro que se nos presenta –como decía el filósofo Argullol-  siempre demasiado lejano y con escasas ilusiones de intervención en su modelaje. La politización del CGPJ es mala, al igual que la politización de las asociaciones judiciales, ha dicho Gallardón que, por lo que se ve, el es el único capaz de despolitizar a la justicia en un supremo acto de llegar a la cuadratura del círculo. El colmo del desaguisado es jactarse, como hace el Ministro, de que “les hemos quitado las pagas extras y les hemos rebajado a doce días las licencias”, por lo que no es de extrañar que no le aplaudan, como si él fuera el dueño y señor del quita y pon. Es explicable que el portavoz de Jueces para la Democracia, J. Bosch,  diga que Gallardón sólo se dedica a descalificar a los jueces.

A los abogados –y por extensión, a los procuradores- se le anatema porque son el doble que en toda Europa, lo que explica –según su grosero argumento- el alto número de  litigios. No es de extrañar que el Decano Carnicer, se levante y se marche de una comparecencia explicativa, ni que yo mismo me avergüence de tener cuatro abogados en mi casa. Al resto de colectivos, a la sociedad en general, nos entretienen con medidas paliativas (su nula incidencia en la patochada sobre los desahucios hipotecarios) o claramente inclinadas a la privatización de la función publica que desempeña el Registro Civil, en favor de los Registradores de la Propiedad.

El líder incorrupto –que tiene la virtud de no escuchar ni arrugarse- nos dice con humildad sin límite,  que ha venido a hacer, no a estar. La verdad es que parece que ha venido a hacerles la puñeta a los jueces (pues los encajes o puñetas que llevan en las mangas, a lo que se ve, están hechos unos zorros). Y, de paso, a todo el ámbito judicial y, para que no nos enfademos, a todos nosotros. ¡Loado sea!