Cada día aprende uno cosas nuevas y se ve obligado a preguntarse qué demonios es eso de los “escraches” o ha de ir al diccionario inglés-español para descifrar que significa la expresión “fresh start”. ¡Señor, qué cruz! Escribir es tanto como enredarse innecesariamente en un discurso o en una situación complicada. De todas formas, el deleite que experimentas cuando pones de manifiesto tus ignorancias, tus dudas o tus interrogantes, bien merece la pena un nuevo artículo, aunque me he prometido a mi mismo -para oxigenar mi cerebro y no sé si para alivio de mis lectores-  escribir de aquello que no pueda molestar al personal. Nada de referirme al mundo de los poderosos, de los círculos del placer, de los señuelos del dinero. Por el contrario, intentaré limitarme a las pequeñas cosas de los humildes, de los que no tienen otra meta que soportar a los demás.

Por ello, empezaré hoy por escribir de los que osan discrepar de los más fuertes, de las minorías que no consiguen la representación parlamentaria suficiente para llevar las aguas a su molino. Últimamente se les llama descontentos, indignados, incluso perroflautas. La última modalidad es la de “los acosadores”, una forma de rebeldía que se empleó inicialmente con el nombre de “escrache” en Argentina, por un grupo de activistas de Derechos Humanos. Este método de protesta, basado en la acción directa, está siendo empleado en España por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). Per se, no se trata de una actividad delictiva; pero, de inmediato, se les equipara a movimientos intolerantes, de acoso, intimidación e insulto. Los bienpensantes los tildan de neonazis o proetarras. Las fuerzas del orden, deciden que se formen círculos o perímetros de seguridad en el Parlamento, en las sedes de los partidos, en los domicilios de los políticos, dejando a su discreción la flexibilidad y proporcionalidad de la burbuja de impunidad. El fiscal general del Estado admite que está estudiando la aplicación de la ley (¿?) sobre este tipo de movilizaciones. Y los gobernantes empiezan a pensar en legislar a la carta.

En estas estamos. Dejando aparte el acoso de los domicilios particulares que sería una medida reprochable, podríamos preguntarnos si a los que protestan se les haya de impedir el derecho al descontento y a la irritación. Pero el tema va más allá de utilizar el escrache como pretexto, como si el problema fuera la protesta y no el drama de la desigualdad y la marginación de determinadas familias desahuciadas. Cómo si obviásemos la causa: los abusos de los bancos que se quedaron con 30.034 primeras viviendas sólo en 2012 y desahuciaron a 115 familias al día. Todo deriva de una regulación legal obsoleta; de un procedimiento ejecutivo declarado ilegal por la corte internacional. Una regulación contra la que se discrepa y se pretende cambiar a través de una Iniciativa Legislativa Popular, prevista en la CE y suscrita por un millón y medio de firmas. Y, por fin, de una ILP que es rechazada de plano por la mayoría gobernante, al amparo, entre otras razones, del peligro -¡susto me da!- que ello supondría para el sistema financiero.

Por ello, me parece muy acertado el compendio de los alegatos que airean los descontentos: dos círculos –y no viciosos, precisamente-, uno con la leyenda “sí se puede” y otro que aclara “pero no quieren”. Y con esto, entro en la última consideración de mi artículo de hoy: es posible intentar alguna otra salida, se pueden alumbrar nuevas ideas, como queda patente con las soluciones que se dan en nuestro entorno internacional (la “fresh start”, esa otra palabreja que, a mi pesar, he de utilizar) y en nuestro ámbito regional (el Decreto de la Junta intentando un procedimiento diferente).

Sin entrar en disquisiciones jurídicas, la “segunda oportunidad” a la que se podría llegar con "una mayor flexibilidad a la hora de facilitar acuerdos para poder pagar las deudas” –según sostenía Soledad Becerril-, es una posibilidad distinta de encarar el problema, como han puesto de relieve Rodrigo Tena y Matilde Cuena: el Gobierno lo único que demuestra es una incomprensible resistencia a plantear la única solución justa y equilibrada posible —la exoneración total de las deudas tras un procedimiento concursal, también llamado “fresh start”— existente en la mayor parte de los países desarrollados, desde Estados Unidos a Alemania, que permitiría resolver la situación angustiosa por la que atraviesan muchos españoles. Por su parte, la solución andaluza es expresión de una visión política diferente a la mercantilista y propone una expropiación temporal del uso de la vivienda desahuciada en favor de deudores en los límites de la exclusión social, aparte de un sistema de multas por viviendas vacías. En aras de la función social preconizada por el Art. 33 CE. A los que alardean de creyentes, les remitiría a la doctrina social de la Iglesia

Son soluciones imaginativas, aunque tengan flecos jurídicos que afinar. Es muy positivo –ha dicho la Portavoz del CGPJ-  que la Administración “se esté sensibilizando en un tema tan importante como es la situación de exclusión social en la que quedan las personas sin viviendas, que es un derecho fundamental”.

En todo caso, algo distinto a la respuesta tímida del Gobierno. Llevan razón los descontentos cuando afirman “pero no quieren”, empecinados como están los legisladores en defender el sistema financiero.

Me acuerdo de aquello que escribía el gran comprometido Sampedro, fallecido en estos días: "Hay dos tipos de economistas; los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres". Y pienso, desde esta perspectiva, que estamos ante un nuevo escenario de lázaros y epulones. Con una diferencia esencial: que los lázaros de entonces eran iguales a los de hoy, mientras que Epulón fue más generoso: por lo menos dejaba caer  las migajas que le sobraban. Los bancos de hoy, ni eso.