Nunca me ha gustado en demasía dedicar mis artículos a temas judiciales, posiblemente por el miedo a equivocarme en mis juicios. No sé si será deformación profesional, pero es lo cierto que siempre procuro huir de asertos tajantes porque me consta que nada es más incierto que las verdades a primera vista o verdades a medias, que son las nuestras. Siempre es prudente preguntarse por las posibles certezas de los hechos que se ofrecen a nuestro enjuiciamiento  y nunca ha de sacarse una conclusión indiciaria hasta tanto no se hayan sopesado las dos –como mínimo- verdades que contiene cada vertiente de los mismo hechos. Probablemente, el éxito de un correcto enjuiciamiento esté en dudar inicialmente de cualquier juicio precipitado e intentar preguntarse una y otra vez sobre la consistencia de los argumentos de contrario. De este modo, es factible que lleguemos a conformar algo cercano a la verdad de los hechos.

Quisiera, desde esta perspectiva, dedicar estos comentarios al viejo caso de “los ERE”, renacido de sus brasas a propósito de la imputación de la ex consejera de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez. Me permito el apriorismo político de afirmar que el caso deja en evidencia la credibilidad  de los gobiernos socialistas andaluces.

La juez Alaya, instructora del caso, que –pese a su hierático ademán- siempre me seduce con su solemne andar de pasarela y su elegante figura, ha decidido que “ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas”. Es decir, después de dos años y medio investigando a chorizos implicados en comisiones abusivas, “intrusos” y ayudas discrecionales a empresas del entorno socialista, quiere llegar al corazón de la gestión política del asunto. Por ello, en reciente auto imputa  a quien fuera Consejera de Hacienda por entender que • “fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación”.

La decisión ha concitado comentarios a favor y en contra, rodeados de polémica. Así, por un lado se ha puesto de relieve que ello es consecuencia lógica de la nefasta gestión de la Consejera, una persona sin preparación académica para asumir un cargo de tal relevancia, propiciado todo por el ambiente generalizado e institucionalizado de corrupción que Andalucía vive desde hace décadas. No es, pues, de extrañar  un escándalo de esta envergadura. Para otros, la jueza Alaya ha hecho coincidir algunas de sus decisiones más relevantes con momentos políticos clave. Asimismo se pone de relieve el manejo interesado de los tiempos judiciales con la finalidad de agotar toda la investigación sin verse obligada a dejar de intervenir, dada la condición de aforados de otros presuntos implicados y, en especial, de quienes ejercieron análogos cargos a los ahora imputados y siguieron con los mismos procedimientos, como son los casos de Viera, Martínez Aguayo, Griñán, etc. Algunos, no obstante, entienden que ello es posible pues es necesario agotar todas las pruebas de convicción antes de elevar la causa al Tribunal de aforados, lo que, por ejemplo, le permite indagar sobre el papel de Gaspar Zarrías en los ERE fraudulentos. Por lo que se refiere al último auto, se pone de relieve la falta de motivación del mismo, al carecer de imputaciones concretas, lo que no es preciso, según otros expertos. Por otro lado, al cuestionarse, no sólo el procedimiento de transferencia de fondos, sino la competencia andaluza para dictar esas normas se está incidiendo en la separación de poderes, pues las leyes no están sometidas al control jurisdiccional, sino al constitucional. Se ha dicho también que parece dudoso que se necesiten casi tres años para caer en la cuenta de que todo el caso de los ERE pudo estar viciado desde el origen. Incluso, la instructora ha recibido advertencias de los Presidentes del Tribunal Superior de Andalucía y del Tribunal Supremo por la lentitud en resolver y el riesgo de desembocar en una macrocausa de difícil solución, con el peligro de prescripción de delitos.

Con todo, no es tan importante, por ahora, saber quines tienen la razón, como poner de relieve la coincidencia de apreciaciones de unos y otros: Tanto Mario Jiménez como Carlos Floriano han puesto el énfasis –en los casos de los ERE y de Bárcenas- en que se sigue contra sus partidos una verdadera causa general, cuando lo verdaderamente general es la corrupción que se investiga en uno y otro bando. Independientemente de que coincidan en desatinos (así: ni una dimisión ante imputaciones de corrupción, parecidas medidas para la rebaja de sueldos, congelación de pensiones, amnistía fiscal, dación de pago, desahucios, preferentes, reverencia frente a Merkel,  hojas verdes y luces en el túnel…), lo que es intolerable es intentar manchar la reputación de la justicia, aunque la tardanza y vericuetos sin fin de ésta en resolver los casos pendientes alimente la desconfianza.

Tal es nuestro desconcierto que todos estos episodios han merecido nuestra atención por encima de cuatro acontecimientos, acaecidos esta semana con una envergadura singular que, pese a ello, resbalan sobre nuestras acomodaticias conciencias ciudadanas. Dos fuera de nuestras fronteras:  la pretendida  restauración democrática en Egipto que más parece -y lo es- un golpe de estado a la moderna usanza; y la chapuza del Gran Hermano yanky espiando con descaro a sus amigos y aliados europeos. Y otros dos, a escala nacional: la vergonzosa expresión del liderazgo iberoamericano con la Madre España vigilando los vuelos del avión presidencial de una nación hermana; y la apatía  desconcertante del gobierno ante el deterioro creciente de la imagen de la monarquía de los borbones.

Esta es la verdadera causa general que estamos padeciendo. Todo parecido con un Estado social y democrático de Derecho, es pura coincidencia.